La sorpresiva calma cambiaria y el optimismo de los mercados que se reflejó en los precios de los activos durante gran parte de la última semana fueron, en gran medida, el correlato del claro mensaje del gobierno electo respecto del ajuste fiscal por venir. Un plan de estabilización económica basado en un combo de políticas de la más pura y dura ortodoxia fiscal.

Sin embargo, ese ajuste, cuyo objetivo final es lograr reducir la inflación, tiene límites complejos, más allá de los costos sociales y las dificultades para avanzar en el Congreso con los proyectos de ley ad hoc, en el caso de que sea necesario.

El designado ministro de Economía, Luis Caputo, está convencido de que tiene margen para reducir el déficit fiscal en al menos 2 puntos del PBI sin pasar por el pantanoso debate parlamentario. Aun así, el camino del ajuste se pondrá empinado más pronto que tarde, incluso o sobre todo si es exitoso a la hora de calmar los precios.

En ese escenario ideal, el gasto social y también las transferencias a provincias, hoy equilibradas en fuerte contraste con las deterioradas cuentas de la Nación, se convertirían en un nuevo problema a resolver. A menos que en el mientras tanto se instale una nueva reforma previsional que “ordene” el sistema.

Es lo que se propone desde el Instituto de Desarrollo para la Argentina (Idesa), fundado por quien será a partir del 10 de diciembre el director general de la ANSeS, Osvaldo Giordano, junto al economista Jorge Colina, el presidente de la entidad.

Hace una semana, cuando ya se conocía el nombramiento de Giordano, Colina publicó un informe en el que aseguró que el sistema previsional “no necesita ajuste sino orden”. En el texto, el economista aseguró que el Gobierno actual ajustó 1% del PBI a través de la licuación del gasto previsional, lo que de todos modos no resuelve el déficit previsional.

“Ante el crecimiento del gasto, la tradición viene siendo aplicar ajustes. Es decir, manipular la movilidad para que los haberes se actualicen por debajo de la inflación”, explicó Colina.

El punto es central. El gasto social indexado, es decir, las jubilaciones y planes sociales que se ajustan por la fórmula de movilidad que modificó apenas asumió el gobierno actual, aumentó 105% en los primeros diez meses del año. En ese período, la inflación acumulada fue de 143%, mientras que los gastos no atados a la fórmula de movilidad crecieron 163% entre enero y octubre.

Esa licuación de los haberes previsionales y asignaciones sociales se produce por el rezago que implica la fórmula de movilidad, que ajusta con un trimestre de demora esencialmente (aunque de manera indirecta) en función de la suba salarial. Se sabe, los salarios también perdieron contra la inflación este año.

Pero si la inflación empieza a ceder, la dinámica se invierte. “Es tremendo cómo todo el ajuste fiscal se hizo sobre el gasto atado a movilidad (jubilaciones y asignaciones), aprovechando la indexación con mucho rezago de la fórmula actual. Si la inflación baja, este gasto rebota. Un problema más a resolver”, apuntó últimamente Francisco Ballester, de la consultora MindY Economics.

Las cuentas que administran los gobernadores

Las cuentas públicas de las provincias acusarían, eventualmente, un problema similar.

Es que también los gobernadores, con gastos mayormente desacoplados de la inflación y sin ninguna fórmula de indexación que pese sobre ellos, aprovecharon la licuación de gastos para equilibrar las cuentas.

Por la aceleración inflacionaria de los últimos 5 años, la actualización de sus ingresos avanzó mucho más rápido que la de sus erogaciones. Esa dinámica se basó principalmente en que los salarios de los empleados públicos provinciales crecieron por debajo del ritmo de aumento de los precios.

Pero si en el futuro inmediato se ingresara a un escenario de estabilidad, los salarios y demás gastos que ajustan con rezago tenderían a recuperar el terreno perdido y las provincias volverían a entrar en déficit, según precisó Jorge Colina.