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Tres senadores, un megaproyecto y algunas sospechas

Las fuertes sospechas de un “maganogociado” por la Ley 19640

En fuentes nacionales se preguntan por las razones por las que el Gobierno no apunta hacia el régimen de Tierra del Fuego. Camila Dolabjian es periodista del diario La Nación y deja al desnudo muchos interrogantes del ¿Porqué? el oficialismo no incluyó en la ley ómnibus la eliminación del subrégimen de promoción, que le cuesta al Estado cerca de 0,33% del PBI.

Croquis del puerto de Rio Grande, a cargo de Mirgor y su ubicación en la Estancia "Las Violetas"

La investigación periodística pertenece a Camila Dolabjian y sostiene que De “estafa” a “derecho adquirido” y luego, al silencio, así cambió la perspectiva de Javier Milei sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que sorprendió por su ausencia de mención en el proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados la semana que viene y despertó críticas por el vínculo familiar del ministro de Economía con la principal empresa electrónica de la isla, Mirgor. En momentos en los que el Gobierno empuja por cerrar el rojo fiscal, llamó la atención de algunos legisladores, principalmente los de la Coalición Cívica, que no se avance con la quita de subsidios económicos y beneficios tributarios a la industria fueguina. El perdón en impuestos a la provincia le provocará un sacrificio cercano a 0,33% del PBI al Estado Nacional, según las estimaciones del Ministerio de Economía.

Diversas fuentes oficiales ofrecen distintas explicaciones del por qué no se incluyó la discusión del régimen en la ley ómnibus, pese a que Milei dijo en campaña que se revisaría, y que se pusieron bajo la lupa decenas de otros como el de la pesca, yerba mate y azúcar. Por un lado, fuentes de Gobierno y del Congreso mencionan que el lobby de las empresas fueguinas ha sido muy fuerte y han pedido que los funcionarios visiten la provincia antes de tomar decisiones, a la vez de estar incluidos en cualquier mesa de debate sobre el tema. En conversación con un periodista del diario “LA NACION”, los representantes de empresas que prefirieron el anonimato dijeron que no tuvieron conversaciones con funcionarios por el tema en el último tiempo.

Sobrevuela en algunos ámbitos la versión de que la cuestión de fondo tiene que ver con supuestos aportes de empresas radicadas en la isla a la campaña electoral de Milei.

Por otra parte, el régimen fue prorrogado hasta 2038 hace meses con un gran apoyo de los bloques políticos, por lo que consideraron que al ser un punto sensible y de acuerdo entre las fuerzas partidarias, no tendría chances de ser modificado, por lo que era mejor evitar un fracaso.

La estrategia política no es menor. Milei ganó en la provincia, en el balotaje, pero no logró colocar ningún senador en las generales. Por Tierra del Fuego asumió Cándida Cristina López, por Unidad Ciudadana, que se suma a la representación junto con Maria Eugenia Duré, de la misma fuerza, y Pablo Blanco, de la UCR. La apuesta, sin embargo, es intentar una táctica similar a la que se implementó con Osvaldo Jaldo y los diputados tucumanos que rompieron con Unión por la Patria, y contar con sus votos durante el tratamiento de la ley ómnibus en la cámara alta. Para eso necesitan contar con su apoyo, lo que parecía menos factible al debatirse el régimen.

Además, hay un proyecto de especial interés que se vincula con uno de los motivos que elevó las suspicacias. La mayor parte de la industria electrónica de la provincia está concentrada por el grupo Mirgor, de participación mayoritaria de Nicolás Caputo, primo de Luis Caputo, ministro de Economía. Actualmente, tiene el 12,5% de las acciones, mientras que 30% cotizan en bolsa, 20% son de la Anses y el resto, de otros inversores. No es solamente el interés económico el que despertó sospechas, sino también un ambicioso proyecto en Rio Grande que el gigante de la electrónica ya tiene en marcha y planea comenzar a construir en cinco meses.

Se trata de un puerto industrial con varios objetivos, que recorren desde lo comercial (podría bajar hasta 35% los costos logísticos y de transporte, que hoy en un 80% se concentran por tierra, a prácticamente nada), hasta lo geopolítico, como habilitar un centro de abastecimiento para la Antártida, que hoy se realiza vía Chile. La obra requerirá de una inversión de US$400 millones y se encuentra en etapa de desarrollo de ingeniería. La idea es finalizar el proyecto y las licitaciones en junio de este año y comenzar los trabajos en tierra, que requerirán de kilómetros de excavación, en agosto. Estaría lista para operar en abril de 2027.

Para Mirgor, es un negocio importante. El puerto de aguas profundas será de operación privada (la haría un tercero), pero disponible por un precio para el resto de las empresas de la zona. Los ingresos que se generen irán directo a la empresa o un el porcentaje que corresponda para socios privados, por 50 años. Después de ese plazo, el puerto pasará a la provincia.

Respecto del régimen en general, fuentes oficiales aseguraron que está en estudio y que no es un régimen fácil de desarmar, debido al impacto que tiene en la población (los fueguinos no pagan IVA y se jubilan a los 50 años, por ejemplo) y por el arraigo en la matriz productiva de la provincia y de otras industrias, como la automotriz. Desde las empresas que operan en la isla aclaran que “el gasto tributario que figura en el Presupuesto asociado a la provincia de Tierra del Fuego y que está en boca de tantos legisladores es un ingreso renunciado. Por lo tanto, si el régimen desapareciera, no hay certeza de que ese monto por IVA y Ganancias pasaría a ingresar al fisco nacional. Por el contrario, lo más probable es que el Estado perciba poco y nada porque la industria desaparecería o se reduciría sensiblemente”.

Igualmente, hay una quita más cerca de concretarse: el rubro textil que opera en Tierra del Fuego sería el primero en salir del régimen de subsidios. Actualmente hay ocho empresas textiles en la provincia: Australtex SA, Barpla SA, Cordonsed SA, Fabrisur SA, Hilandería Fueguina SAIC, Hilandería Rio Grande, Teogrande SA y Textil Rio Grande.

En total son unas 46 empresas las que se benefician del subregimen, de las cuales 22 se dedican a la electrónica. Sin embargo, la mayor parte de la actividad es responsabilidad de Mirgor y de Newsan SA, de Rubén Chernakovsky. Ambas tuvieron despidos importantes en los últimos meses, los que fueron justificados por la falta de importaciones. Las empresas todavía no mostraron adhesión el Bopreal, el bono que el Gobierno lanzó para cancelar la deuda comercial por falta de pago. Fuentes comentaron que pidieron a la gestión de Milei que se emitan bajo ley extranjera porque el mayor socio comercial del área, China, no los acepta como pago si son emitidos bajo ley argentina.

Discursivamente, Milei dijo sobre Tierra del Fuego en entrevista radial: “Ahí hay derechos adquiridos, no se va a tocar porque se renovó hace muy poco”, el mismo tiempo que fue consultado por la derogación de la ley de promoción industrial y la de promoción comercial, a través del decreto de necesidad y urgencia. En 2022, en TN, aseguró que era “una estafa a los argentinos de bien” y que, en caso de llegar a la presidencia, desecharía la norma. Según declaraciones posteriores y a fuentes de Gobierno, la postura actual es que “el problema no es la baja tributación de la provincia, sino la alta tributación de otras”. El equipo libertario se referiría al puerto de Mirgor como un ejemplo de la obra pública privatizada que quieren impulsar.

 


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